El Pacto Nacional ante la crisis en Haití, firmado ayer, plantea mantener la presión internacional, colocar más vigilancia en la frontera, regular los trabajadores temporales haitianos, crear una base biométrica con sus datos, ser más estricto en la aplicación de diversas legislaciones y mejorar la actividad económica entre ambas naciones.

El documento fue firmado por el presidente Luis Abinader, 28 partidos políticos y 23 académicos e intelectuales, incluyendo siete rectores de universidades. Los grandes ausentes fueron los tres principales partidos de oposición, Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD).

El pacto se basa en cuatro pilares fundamentales: Política de Relaciones Exteriores,  Política Migratoria, Política Fronteriza y Política Económica.

El pacto tuvo su origen en un llamado realizado por el presidente Abinader el pasado 27 de febrero al liderazgo nacional, para dar forma a decisiones en conjunto a tomar para hacer frente a las situaciones de inestabilidad general que vive el vecino país de Haití y tras varios meses en reuniones, ayer se concretó la firma entre decenas de partidos políticos y catedráticos dominicanos.

El pacto está basado en cuatro pilares fundamentales que son, Política de Relaciones Exteriores, Política Migratoria, Política Fronteriza y Política Económica.

Relaciones exteriores

Dentro de este renglón, el gobierno busca promover el apoyo de otros estados para que ayuden a la sociedad y organizaciones intermedias dominicanas en la búsqueda de soluciones urgentes y sostenibles en el país.

En ese sentido, resalta promover el envío de misiones especiales al exterior para lograr un “mayor compromiso” de la comunidad internacional; fomentar la cooperación por medio de canales institucionales; instituir un grupo de trabajo experimentado para las relaciones dominico-haitianas y ofertar la construcción de tres hospitales en territorio haitianos, incluyendo la formación del personal médico.

Sumado a eso, busca mantener la insistencia en que el peso principal de la solución de la crisis en cuestión está en las instituciones de la sociedad haitiana “con el legítimo soporte de la comunidad internacional”.

Política migratoria

En el aspecto migratorio, el pacto comprende la actualidad y el “problema” que enfrenta actualmente el país por la crisis haitiana y como esto se ha convertido en un “reto impostergable” para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional.

Ante esto, plantea el principio de la debida regulación del ingreso y tránsito a través de la frontera, así como la permanencia y el libre desempeño del ejercicio laboral de nacionales extranjeros “debidamente autorizados” para habitar e interactuar en suelo dominicano.

Dentro de este pilar, el pacto presenta una serie de acciones que van enfocadas en revisar, robustecer y reformular políticas públicas destinadas a hacer frente a los problemas migratorios que enfrenta el país debido a la crisis haitiana.

Aparece también en el renglón aspectos como elaborar o revisar los protocolos de control fronterizo y del ingreso de trabajadores urbanos y agrícolas; identificar las empresas contratistas; investigar el otorgamiento de visados a “trabajadores temporeros y desarrollar un “programa de control biométricos” de nacionales extranjeros para recoger todas las informaciones necesarios que permitan tener un “mayor control”.

En ese aspecto aparece también el fijar requerimientos de mano de obra del mercado laboral dominicano y definir los criterios que sectores productivos requieren por el momento para establecer “cuotas de admisión por sectores de actividad”, en referencia al número de trabajadores temporeros que necesitarían. No obstante, dispone también el fomento a qué sectores empresariales dispongan la incorporación progresiva de mano de obra dominicana.

Sobre los trabajadores haitianos en condición de legalidad, el pacto establece que “gozarán de los mismos derechos laborales establecidos en las regulaciones para los dominicanos”.

Sobre la valla fronteriza, incluye el supervisar tecnológicamente desde la distancia, con cámaras, la labor del personal que se encuentra situado en la frontera, así como la vigilancia del posible paso ilegal de personas y, a partir de estas acciones, administrar un régimen de consecuencia en detrimento de aquellos que violenten las leyes.

En el caso de las deportaciones, mantiene la proceso de salida de extranjeros en situación migratoria contraria a la ley, que estén desempleados o contratados, pero no provistos de cuota de permanencia para extranjeros temporeros.

No obstante, establece la excepción de que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) a través de sus oficinas en todos los puntos fronterizos, constatará que los procesos de deportación no estén incluidos menores de edad no acompañados.

Política fronteriza

Sobre este particular, el acuerdo reitera el compromiso patrio de salvaguardar la integridad de sus fronteras “sin ceder ni retroceder en el dominio y gestión responsable de su territorio”.

Agrega que se debe finalizar “en el más breve plazo” la construcción de la verja perimetral fronteriza inteligente” así como facilitar el transporte seguro de mercancía por vía terrestre y marítima, y cuando procesa aérea, hacia ciudades haitianas, que reúnan las condiciones de seguridad.

“Si las circunstancias de inseguridad extrema lo llegan a requerir, respaldamos tomar las disposiciones extraordinarias previstas en el ámbito de la Constitución de la República y de las leyes que permitan a las autoridades enfrentar los eventos excepcionales de inseguridad”, deja contemplado el pacto como una medida de última instancia.

Sobre las actividades ilícitas, el acuerdo busca instaurar la vigilancia satelital en tiempo real y de alta resolución sobre la región fronteriza dominicana, al igual que espacios marítimos, todo conectado y bajo la jurisdicción al C5I y los centro de mandos fronterizos.

Asimismo, dispone una serie de acciones para reforzar la revisión, retención e indagación de todo lo que ingresa a la República Dominicana proveniente de Haití, a los fines de evitar la llegada de armas, sustancias ilícitas y otras cuestiones relacionadas con hechos punibles.

Política económica

Dentro del renglón económico, las autoridades gubernamentales, en conjunto con el sector privado y la comunidad internaciones, dispone incentivar y expandir el financiamiento competitivo, tanto para las exportaciones hacia Haití, así como el desarrollo de proyectos en ese país.

Propone, en ese sentido, la promoción de intentar reproducir el modelo vigente de Codevi, para la instalación de industrias en el interior de territorio haitiano que contribuyan a la generación de riquezas y de retención de la población en sus lugares de origen.

De igual manera, dispone constituir y crear fondos especiales para la mecanización y tecnificación agropecuaria y de la industria de la construcción, cuestión de promover estas áreas.

También apoyar, promover e iniciar una serie de acciones que puedan “reequilibrar” el balance comercial dominico-haitiano y, a su vez, crear bases para la concertación de un acuerdo de facilitación de comercio con Haití.

Llamado a partidos ausentes

Durante el acto de firma, el presidente Abinader felicitó a cada uno de los partidos políticos y los líderes de la sociedad civil, académicos que dijeron presente en esta firma porque dijo, esta es una respuesta al país, una respuesta patriótica, no partidista.

“Y todavía espero que los partidos políticos que no estén aquí presentes, tener siempre la puerta y la silla preparada para cada uno de ellos, para que participen en esta toma de decisiones que, como dije, no debe de tener ningún cerco partidista, sino un sentido nacional y patriótico. Y eso es lo que esperamos”, expresó Abinader.

Partidos presentes en la firma

Trabajaron y firmaron el pacto 28 partidos políticos, incluyendo algunos de la oposición: Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Dominicanos por el Cambio (DxC), Partido de Unidad Nacional (PUN), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Movimiento Demócrata Alternativo (MODA), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Frente Amplio por la Dignidad Nacional (Frente Amplio), Alianza por la Democracia (APD), País Posible (PP), Partido Primero la Gente (PPG) y Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

Además, Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Liberal Reformista (PLR), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Revolucionario Independiente (PRI), Partido Demócrata Popular (PDP), Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Alianza País (ALPAÍS), Justicia Social (JS), Partido Demócrata Institucional (PDI), Movimiento Nacional Balaguerista (MNB), Partido Verde Dominicano (VERDE), Partido Popular Progresista (PPP) y Movimiento Izquierda Unida (MIU).

Académicos e intelecturales

También, una veintena de académicos e intelectuales, incluyendo siete rectores de universidades: Juan Daniel Balcácer, Fernando Ferrán, Eduardo García Michel, Roberto Cassá, Bernardo Vega, Manuel Núñez, Wilfredo Lozano, Manuel Robles, Julio Ortega Tous, Iván Gatón, Raúl de Moya Español, Miguel Reyes Sánchez, José Miguel Vásquez, Luis Humberto Vargas, Humberto Pérez, Manuel Bergés, junto con los rectores de la UNPHU, Miguel Fiallo; el de la UASD, Editrudis Beltrán; el de la PUCMM, Secilio Espinal; de UNIBE, Odile Camilo Vincent; de UNAPEC, Franklin Holguín Haché; de la UCSD, monseñor Benito Ángeles, y de INTEC, Julio Sánchez Maríñez.

About The Author